A tenor de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), desde 1994 a la fecha se realizaron 19 Conferencias de las Partes-COP bajo disímiles contextos políticos y económicos y a la luz mundial de la agenda que los países industrializados, principales responsables de la crisis ambiental y climática, continúan imponiendo en el marco de las negociaciones sobre reducción de las cuotas de emisiones GEI, políticas de mitigación y adaptación y acuerdos complementarios. Es así que ante la COP 20 de Lima y la COP 21 de París, cabe preguntarse si el nuevo Acuerdo Climático Global sería superior al Protocolo de Kyoto, ya que este último parece quedar en el camino sin una evaluación objetiva y de fondo por parte de los países firmantes de las razones de su fracaso como acuerdo global.   

Si tomamos como antecedente la intrascendente COP 19 de Varsovia 2013, donde los países desarrollados continuaron sin reconocer sus responsabilidades y sin asumir compromisos vinculantes para financiar la mitigación y adaptación de los efectos del CC en los países en desarrollo, nos preguntamos por qué la COP 20 y 21 tendrían que ser sustantivamente diferentes con relación a este nuevo Acuerdo Climático Global, cuando es evidente que pese al esclarecedor 5to informe del IPCC, persisten de forma sistemática las posiciones negacionistas e interesadas económicamente por parte de los países industrializados y emergentes del G-20, principales responsables en este tema. En ese contexto, el reciente anuncio de un supuesto acuerdo climático entre Estados Unidos y China, los dos países con mayor responsabilidad en el problema del calentamiento global, si bien puede ser una señal positiva quedan varias dudas de cuánto compromiso serán capaces de asumir realmente en adelante.

Pese al poco avance de la comunidad internacional de lograr un acuerdo serio y vinculante sobre el clima global, el discurso oficial imperante persiste en torno a unir esfuerzos y voluntades políticas para enfrentar los desafíos de la lucha contra el CC. Las declaraciones de Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas, apuntan en ese sentido: “Creo firmemente que cada uno de nosotros puede convertirse en un líder de la lucha contra el cambio climático” , al igual que el discurso oficial de funcionarios de organismos internacionales y gobernantes de los países, como si el CC fuese un enemigo natural al que hay que combatir como parte de una cruzada global. Postura que no reconoce la cuestión de fondo, que no reside en el fenómeno del CC per se, sino en las causas estructurales que la ocasionan: el sistema económico neoliberal y el modelo de industrialización y desarrollo imperante de los países, a costo de los recursos de la naturaleza finita y del ambiente donde habitan pueblos originarios y comunidades locales. Tema fundamental en cuestión que ha sido recogido por activistas y movimiento social y ambiental organizado de la “Cumbre de los Pueblos frente al Cambio Climático” bajo la consigna: “Cambiemos el sistema, no el Clima”, en tanto una cumbre social alternativa a la COP 20 de Lima.

Perú COP 20: Débil institucionalidad ambiental y desigualdad social

El panorama de la COP 20 parece complicar la actuación del presidente Humala y la del Ministerio del Ambiente (MINAM), que llega muy debilitado política e institucionalmente para asumir de forma coherente el desafío de liderar las negociaciones de la cumbre climática mundial, máxime si consideramos que el Perú es uno de los países más vulnerables del mundo a los efectos del CC y que poco es lo que puede exhibir hasta hoy en materia de estrategia nacional de avanzada sobre mecanismos de mitigación, adaptación y prevención de riesgos. Existen iniciativas al respecto como el proyecto de Ley Marco del CC, que propone redefinir el rol del MINAM como ente rector de la Estrategia Nacional de CC, así como fortalecer su institucionalidad y posibilitar la participación efectiva de la sociedad civil a través de una Comisión Nacional de CC. Lamentablemente, la aprobación de esta y otras iniciativas desde la sociedad civil se diluyen en el Congreso de la República debido al cálculo político, la dispersión y divergencia de intereses de los partidos políticos junto a la falta de liderazgo y de capacidad de diálogo en el tema de la bancada nacionalista.

Pese a que el año 2014 el gobierno del presidente Humala lo declaró como: “Año de la Promoción de la Industria Responsable y Compromiso Climático”, lo cierto es que su gestión está muy rezagado en la región en materia de políticas, leyes y normas a favor de la mitigación y adaptación al CC. Según el Índice de Desempeño Ambiental (EPI, por sus siglas en inglés) elaborado por las Universidades de Yale y Columbia de los Estados Unidos, en su 5to informe 2014 sobre desempeño en políticas ambientales de una nación en cuanto a impactos en la salud, calidad del aire, agua y saneamiento, recursos hídricos, agricultura, bosques, pesca, biodiversidad-hábitat y clima-energía, indica que el Perú ocupa el puesto 110 de 178 países en el mundo, y que a nivel de Latinoamérica está muy por detrás de Chile (29), Ecuador (53), Venezuela (57), Uruguay (70), Brasil (77) y Bolivia (87).

La institucionalidad ambiental nacional es muy débil y centralista, y el gobierno nacionalista no logra avances consistentes en el tema al estar más preocupado por revertir la desaceleración económica y supeditado a los poderes fácticos y la tecnocracia neoliberal del Ministerio de Economía y Finanzas, que desde su enfoque reduccionista de la economía viene influyendo en el ejecutivo con una serie de medidas reactivadoras, a costo del debilitamiento y subordinación del rol del MINAM y sus organismos competentes como la OEFA.

No obstante que las cifras oficiales son auspiciosas en cuanto a reducción de la pobreza país, el gobierno nacionalista sigue enfrentado con la posibilidad de revertir los índices de desigualdad económica y exclusión social en las diferentes regiones, como las zonas donde hay proyectos extractivos de recursos naturales y persistentes índices de pobreza, contaminación y pasivos ambientales. De hecho hoy existe un mayor riesgo de conflictividad, porque 20% del territorio nacional está concesionado para proyectos extractivos de recursos naturales. Por lo que resulta urgente avanzar en planificar y ordenar mejor el territorio, a fin de revertir y prevenir los conflictos socio-ambientales, aplicar políticas redistributivas y de uso sostenible de los recursos naturales, así como medidas de mitigación y adaptación al CC y la variabilidad climática extrema, que sobre todo afecta a las poblaciones más pobres de las zonas rurales.

Crecimiento económico versus calidad ambiental en la región: encrucijada constante

América Latina sigue siendo una de las regiones más desiguales del mundo, donde la política de priorización del crecimiento y la dispar distribución del ingreso económico afecta el vínculo entre el nivel de ingreso per cápita y la calidad ambiental, siendo este el principal factor negativo que incide sobre el cuidado y la calidad del ambiente en los países de la región. Así pues, ante la disfuncional relación comercio-crecimiento económico versus cuidado del ambiente, es necesario deconstruir paradigmas y falacias que siguen gravitando en el marco de un libre mercado desregulado y entrampando las negociaciones internacionales sobre el CC.

En medio de un mercado internacional fluctuante, con la incertidumbre de la crisis económica que no termina, gobiernos de izquierda y derecha de Latinoamérica continúan indistintamente impulsando el incremento de sus exportaciones en base a recursos naturales no renovables con escaso valor agregado y alto costo ambiental. De allí que mientras no internalicen la variable ambiental en sus políticas y programas de gobierno y no desarrollen una estrategia sostenida de diversificación productiva y de transformación selectiva, a la par de contar con un marco estricto de normas y regulaciones ambientales nacionales compatibles con estándares internacionales, seguirán siendo economías vulnerables y dependientes. Máxime hoy con los riesgos y efectos del CC que hacen más vulnerables sus economías.

Investigaciones recientes vienen indagando sobre la relación que existe entre el clima y la conflictividad social con los niveles de desarrollo económico país, encontrando indicios que la desigualdad es la causa de diversos conflictos además de los relativos a las cuestiones climáticas. En ese sentido requerimos de más indagaciones, pero sobre todo asumir una nueva actitud y postura política, un pensamiento crítico y resiliente para analizar las formas tradicionales de relacionamiento que han existido –y que persisten- entre los sistemas naturales y sociales versus la lógica del libre mercado y el sistema económico imperante. Relativizar el falaz pensamiento economicista de que el comercio es un fin en sí mismo a partir del cual se dinamiza consecuentemente el crecimiento y luego las mejoras ambientales.

Frente a la crisis ambiental y climática derivada del modelo económico imperante, será menester trascender la inercia de la tecnocracia neoliberal que mantiene un sesgado análisis sobre la evolución de los ciclos de la economía global y el modelo primario exportador de recursos naturales. En ese sentido, debemos proyectarnos más allá del cálculo político y las medidas populistas de corto plazo, porque ni la incertidumbre por la crisis ni el conflicto ambiental ni la insatisfacción social desaparecerán por sí solos.

Cambiar la racionalidad del lucro fácil en la explotación de recursos naturales no será fácil sobre todo para cierto sector corporativo empresarial, sector público y de políticos que siguen un comportamiento compulsivo tras objetivos perversos de la economía global. En ese sentido la COP 20 en Lima, es el escenario propicio para cambiar el enfoque y analizar autocríticamente que las negociaciones sobre el CC implican las discusiones sobre el modelo de desarrollo económico y social a seguir frente al problema.

Movimiento social y ambiental convergen en torno a justicia climática y cambio del sistema

El escenario COP 20 representa una oportunidad única para que el germinal movimiento social ambiental peruano (ecologistas, indígenas, sindicalistas, OSB y otras expresiones de democracia participativa del interior del país) supere su fragmentación local, se articule y trascienda sus reivindicaciones y demandas dando un salto convergente con la lucha de los pueblos y la sociedad civil mundial, que demanda justicia climática y cambiar el sistema económico hegemónico. De ello dependerá el rol que como sociedad civil se logre incidir en torno a los puntos de la agenda climática a discutir por los países participantes.

En el Perú, en los últimos años diferentes organizaciones sociales y entidades de desarrollo, académicos, políticos y actores de la sociedad civil han venido planteando una serie de demandas y propuestas sobre la necesidad de impulsar un conjunto de reformas importantes del estado peruano. Redireccionar su rol y relación como estado-sociedad, reevaluando los alcances e impactos del modelo económico neoliberal, sus implicaciones sociales y ambientales relacionados con el crecimiento económico país, así como el contexto nacional y local del problema de la desigualdad, pobreza y desarrollo con inclusión.

El permanente conflicto entre economía y ambiente no se resolverá en el marco de la COP 20 y 21, si los principales responsables de esta crisis climática global insisten con el discurso retórico del desarrollo sostenible, de la economía verde, de la ecoeficiencia sin asumir ninguna autocrítica y responsabilidad. De hecho se requiere cambiar el paradigma de desarrollo y sentar las bases del cambio social y ambiental, implicando su armonización efectiva con una política económica humanizada. Una nueva postura política y principista que cuestione y enfrente la mayor brecha social y ambiental que existe entre los sectores minoritarios privilegiados de la economía neoliberal y los grandes sectores sociales mayoritarios que siguen siendo excluidos de los procesos de modernización, desarrollo e inclusión en el Perú y el mundo.